Asistimos estas semanas al debate de enmiendas de los presupuestos de la comunidad autónoma.
Y asistimos realmente perplejos cada día a la misma liturgia. Cada día una consejería, unas enmiendas aprobadas prácticamente en bloque por la oposición de PSOE, Podemos y ciudadanos.
Acto seguido las declaraciones del consejero o consejera de turno, lamentándose de que ese ya no es su presupuesto, de que con esos cambios no se puede gobernar, de que los ciudadanos lo van a lamentar, y todo un largo etcétera de excusas reiteradas cada día.
Parece que este gobierno regional todavía no se ha dado cuenta de algo que siempre ha estado ahí, pero ahora es evidente:
Se trata de la separación de poderes entre gobierno y asamblea, entre ejecutivo y legislativo.
Sí, el gobierno es autónomo, y puede hacer sus tareas día a día, mediante órdenes, decretos y resoluciones, para eso ha sido elegido.
Pero la asamblea no es una extensión del gobierno. Lo ha sido durante 20 años, maltratada, ignorada y casi despreciada por el gobierno de Valcárcel, que solamente la usaba para ir a dar algún mitin en ocasiones señaladas, confiando en su rodillo parlamentario.
Ahora que en el parlamento no hay mayoría absoluta, se pone de manifiesto su utilidad. El parlamento legisla, aprueba normas, leyes, y la más importante, los presupuestos que ha de cumplir el ejecutivo.
Un ejecutivo que ni se ha movido para negociar una sola enmienda, no ha buscado alternativas, transacciones o consensos. En su lugar, ha preferido quedarse a mirar, noqueado por la nueva situación, y patalear cada día después de cada comisión.