El ayuntamiento de Murcia ha «dejado de ingresar» 126 millones de euros por el aumento de edificabilidad concedido en un convenio urbanístico firmado por el alcalde, Miguel Ángel Cámara, con tres promotoras de viviendas en Nueva Condomina, en la zona norte de la ciudad.
Así lo denunció hoy el concejal socialista Marcos Ros, que presentó los resultados de un informe encargado por el PSOE a Arquitasa, una sociedad de tasación independiente, en el que se indica que mientras Urbanismo valoró el incremento de edificabilidad en la zona en 120 euros por metro cuadrado, el precio de mercado lo eleva a 650 euros.
Esto supone -dijo Ros- que el informe, firmado por el ex jefe de Planeamiento de Urbanismo, Joaquín Peñalver, señalaba que los promotores debían pagar al consistorio una contraprestación de 29 millones de euros, cuando el estudio de la sociedad de tasación lo eleva a 155 millones.
«Murcia se está vendiendo a precio de saldo», dijo Ros, que indicó que esos 126 millones de euros de quebranto para las arcas municipales, significan un 25 del Presupuesto Municipal total para 2007, incluidos los organismos autónomos y empresas municipales, y un 68 por ciento del capítulo de inversiones.
Marcos Ros señaló que el informe de Arquitasa aplica un método de valoración homologado por el Ministerio de Economía e incluye un estudio de mercado sobre transacciones realizadas en la zona de actuación y sobre distintos tipos de viviendas.
El concejal socialista agregó que el informe de Peñalver, «sin ningún rigor científico» es idéntico en los cuatro convenios urbanísticos referidos a la zona Norte de la ciudad, «no aporta datos de mercado y sólo estudia un tipo de vivienda», y se preguntó por qué fue firmado por el jefe de Planeamiento cuando ese tipo de estudios se hacen «en todos los ayuntamientos de España» por el servicio de Gestión Económica.
Ros reiteró su denuncia que estos convenios urbanísticos firmados por Cámara incumplen la normativa del Plan General de Ordenación urbana (PGOU) de Murcia «porque no se aplica el valor urbanístico sino un valor simbólico ‘absolutamente ridículo’ fijado por Peñalver y consentido por el alcalde de Murcia», y recordó que esto lo advirtió el PSOE en el pleno municipal de febrero de 2006, en el que se aprobaron los convenios.
«Esto confirma finalmente un ‘pelotazo urbanístico'», dijo el concejal socialista, quien volvió a pedir la paralización de los convenios y dijo que «alguien tiene que contestar a la pregunta de a quien convienen estos convenios».
Nos tememos que los «directamente beneficiados» son estas empresas y las otras firmantes de los cuatro convenios, que permitirían la construcción en la zona de Nueva Condomina de hasta 22.000 viviendas. En un lugar que «sin esas viviendas ya se encuentra en una situación caótica».
Marcos Ros recordó que la adaptación del PGOU a la Ley del Suelo ha sido recurrida a través de un contencioso administrativo por el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia y que el PSOE «valorará, cuando tenga en su poder los informes de tasación de los otros tres convenios, la necesidad de presentar algún tipo de acción legal».