LOLA LÓPEZ/MURCIA
Pérdidas millonarias. Algo más de 73 millones de euros son los que, según el edil socialista, Marcos Ros, «ha dejado de ingresar en las arcas municipales el equipo de gobierno, encabezado por el alcalde Miguel Ángel Cámara, con la firma del convenio sobre el Casino de Murcia». A estas supuestas pérdidas se han de sumar otros 709 millones de euros, o lo que es lo mismo casi 118.000 millones de pesetas, que «el Ayuntamiento perdió con la firma de otros cuatro convenios anteriores».
Según sostuvo el grupo municipal socialista ayer, en rueda de prensa, tras las compensaciones obtenidas por los convenios sobre la zona norte, el PSOE «decidió encargar otro informe de tasación a Arquitasa, empresa de reconocido prestigio nacional, para valorar el incremento de edificabilidad del convenio del Casino de Murcia, suscrito en mayo de 2005 entre el consistorio murciano y cuatro empresas (Agrumexport S.A, Ageco S.L, Euroland S.L e Inveralrahu S.L)».
Marcos Ros. / M. BUESO
Para el edil socialista, las conclusiones del informe, desarrollado por esa auditora, dan respuestas contundentes a «las ausencias de respuesta» obtenidas por el PSOE cuando pedían explicaciones al Consistorio. Según dicho informe, las empresas firmantes habrían obtenido con el acuerdo una edificabilidad extra de 138.813 m2, lo que se traduce en 1.350 viviendas más de las 600 que se proyectaron inicialmente. Incremento que «al contrario de hacer ganar a los contribuyentes murcianos 90 millones de euros, dejarán en las arcas municipales 16.657.612 euros; una cifra ridícula que resulta del cálculo del m2 de edificabilidad extra a razón de 120 euros.
Según Ros, las pérdidas provocadas por la firma de este convenio no hacen más que denotar «la incompetencia del equipo de gobierno, que cuando se ve pillado de pies y manos no hace más que jugar al despiste y confundir a los ciudadanos, diciendo que el informe de Arquitasa no se centra en valoraciones independientes sino sujetas a los intereses del grupo municipal socialista».
Añadió que «el convenio fue suscrito en el Pleno en mayo de 2005, al amparo de un artículo del PGOU, no entró en vigor hasta mayo del 2006, por lo que se trata de un aspecto legal importante, y por lo que el titular de Urbanismo, Francisco Berberena, juega al despiste e intenta restar credibilidad a las conclusiones del informe de Arquitasa».