El Gobierno de España, apuesta por adaptar nuestra legislación educativa a un modelo más inclusivo, más justo y más garantista de la igualdad de oportunidades.
Dice la prensa que cuatro de cada diez españoles cree que hay conspiración en las vacunas, o que solo un veinticuatro por ciento estaría dispuesto a ponérsela de inmediato, o que Trump logró un apoyo masivo entre las capas de la sociedad con menor formación educativa. Así vienen las noticias día a día, constatando la importancia que tiene una educación de calidad para el conjunto de la sociedad.
Para avanzar en progreso, justicia, igualdad de oportunidades y valores cívicos, necesitamos una sociedad formada, inclusiva y garantista, capaz de buscar en las fuentes del conocimiento, de empatizar con los diferentes argumentos, enfrentarlos entre sí y sacar sus propias conclusiones. Una sociedad bien formada, tiene más posibilidades para elegir sobre su futuro.
En esta pandemia la educación es una de las actividades que más está sufriendo. Millones de escolares en todo el mundo han perdido meses de clases y se ven abocados a una educación digital online que solo debería ser un complemento a la educación presencial, no sustituirla. No habrá jamás una pantalla, tablet o teléfono móvil que pueda sustituir a la relación humana que se establece entre un escolar, su profesor y sus compañeros de clase.
En la Región de Murcia lo sabemos bien: los escolares de primaria y secundaria pierden un día de clase a la semana y se quedan en casa, lo cual supone un retraso educativo para ellos y para el conjunto del grupo escolar, pues los docentes deben repetir conceptos al día siguiente.
Tenemos la gran oportunidad de cambiar nuestro modelo educativo. La Unión Europea apuesta por planes de refuerzo para reducir la brecha digital y garantizar la educación presencial, y el Gobierno de España, apuesta por adaptar nuestra legislación educativa a un modelo más inclusivo, más justo y más garantista de la igualdad de oportunidades.
Pero necesitamos un debate sosegado sobre la nueva ley de educación, un debate que no se base en cuatro grandes mentiras a priori, sino en el contenido del texto de la ley, en sus artículos y enmiendas y, sobre todo, en propuestas constructivas para avanzar entre todos.