La Opinión | 04/10/2021

Una delegación del Parlamento Europeo visitará el Mar Menor. El pasado jueves, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara aprobó la propuesta del Grupo de los Socialistas y Demócratas, y los eurodiputados vendrán a investigar sobre la degradación de la laguna.

No ha sido fácil. Hubo otros intentos de aprobar esta propuesta del Grupo Socialista, pero no fueron apoyados por los grupos donde se integran el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, empeñados en que nadie sepa lo que está pasando en esta Región en los últimos 26 años.

Ahora solo nos falta por ver la actitud del Gobierno regional ante esta visita: si tratarán de ocultar datos científicos y evidencias, como intentan hacer desde hace más de un año ante las peticiones de información recibidas; o si volverán a enfangar el juego de las responsabilidades y echar balones fuera, como suele ser habitual, en lugar de hacer su trabajo.

Es preciso recordar que la Unión Europea tiene mucho que decir en este lamentable asunto de contaminación y degradación de la laguna. Especialmente si, al final, la regeneración viene de la mano de cientos de millones procedentes del presupuesto europeo. Y en eso, el Parlamento y la Comisión tienen la última palabra y la labor fiscalizadora.

Porque no podemos olvidar que en la Unión Europea se aplica el principio de «quien contamina, paga». En lenguaje llano, no se puede gastar dinero de los contribuyentes belgas, lituanos o rumanos, por poner un ejemplo, para paliar una crisis ambiental, si se tiene claramente identificados a sus responsables y no ha prescrito.

Pero más allá de la solución económica, también cabe recordar que el Mar Menor goza actualmente de protección ambiental reconocida por diferentes directivas de la Unión Europea, y está incorporado a la red europea de espacios naturales protegidos, denominada Red Natura 2000.

En concreto, el Mar Menor suma un total de doce ámbitos de protección europeo (ZEC y ZEPA) al amparo de las Directivas Hábitats y Aves, a los que hay que sumar otras dos protecciones de ámbito internacional.

Y ante este abanico de protecciones, habrá quien se pregunte si sirve de algo tanta protección. A la vista está que por sí solas no sirven de mucho, si no se vigilan, se acompañan de planes de gestión y se cumplen. Carece de sentido añadir nuevas protecciones, pues solo añadiría más ruido y más papeleo a una situación en la que hay que pasar de los papeles a la acción.

La Comisión Europea ya abrió dos procedimientos de infracción relacionados con el incumplimiento de dos directivas europeas. El primero sirvió para que el Gobierno regional cumpliera, por fin, con la obligación de redactar y aprobar los Planes de Gestión de las ZEC, que llevaban años de retraso. De no ser por la UE, probablemente seguirán en el cajón del olvido.

El segundo de ellos sigue abierto, y trata de esclarecer lo que ocurre con la contaminación de las aguas del acuífero y de la laguna por el empleo excesivo de nitratos en la agricultura intensiva de la comarca. Podría incluso acabar el procedimiento en una imposición sanciones económicas, que lamentablemente terminaremos pagando en forma de dinero público, por no haber sido capaces de hacer cumplir con las directivas.

Volviendo a la visita de los eurodiputados, también podrán comprobar in situ el desarrollo de las actuaciones realizadas con fondos europeos, supuestamente dedicados a mejorar el equilibrio ambiental de la laguna. Podrán ver que algunos se han dedicado a construir un mirador de hormigón junto al Galúa, o pintar de azul un carril bici que ya existía, eso sí, en pleno verano y molestando a los veraneantes, para que se note que hacen algo.

Harían bien, por último, en visitar la agroindustria de la comarca, origen de las toneladas de nitratos que llegan al mar. Un sector sobre el que el Gobierno regional se niega a impulsar la imprescindible transición agraria que necesitamos, avanzando en dirección opuesta a la UE, que va en la línea de primar la agricultura ecológica y compatible con el medioambiente.

Los diputados tendrán trabajo de sobra, entre fondos invertidos, directivas, procedimientos de infracción, responsabilidades y posibilidades de financiación futura.

El Mar Menor necesita soluciones, y los ciudadanos y ciudadanas las demandan. Desde la Unión Europea se puede hacer mucho, pero de nada servirá si el Gobierno regional tiene las competencias en Agricultura y Medioambiente desde hace 26 años, se dedica solamente a negar la evidencia científica, a mirar para otro lado y a poner palos en las ruedas de otras Administraciones.

Bruselas acude a la llamada del Mar Menor; esperemos que no le impidan escucharla.