En cualquier país de la Europa democrática, un Presidente de Gobierno al que le hubieran publicado la sentencia que conocimos el jueves sobre el caso Gürtel, habría tardado menos de una hora en proponer una de las alternativas posibles: dimitir, convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza.
Pero no olvidemos que estamos en España, y que Rajoy tiene por lema: resistir hasta el final.
Como todo el mundo sabe a estas horas, la sentencia acredita la existencia de una trama organizada entre el partido del gobierno y determinadas empresas para cobrar comisiones; da por cierta la existencia de una caja B en el partido del gobierno, y los jueces niegan credibilidad al testimonio (en calidad de testigo bajo juramento) del Presidente del Gobierno.
Volviendo a la comparación, si esta sentencia hubiera recaído en cualquiera de los otros partidos del arco parlamentario, con funcionamiento interno democrático, no habría aguantado el líder (implicado en los cobros de la caja B) más de dos horas sin que otros dirigentes, barones territoriales o simples militantes, hubieran salido en tromba a pedirle explicaciones, dimisiones y responsabilidades.
Pero no se nos olvide que hablamos del PP, un partido donde el jefe hace y deshace, dispone de cargos y puestos, y nadie rechista, bien por miedo a tirar la primera piedra, o bien por miedo a no salir en la foto.
Llegados a este punto, parece que ahora toca discutir si los apoyos para desalojar del Consejo de Ministros a un partido condenado por corrupción vienen de unos u otros, mientras a unos terceros les parece mucho más legítimo seguir manteniéndolos, hasta que puedan ser ellos los sustitutos.
